El Consejo envió a los
Senadores de la Nación y a los medios de prensa un Comunicado en defensa de la
Justicia y de nuestros profesionales que están a su servicio.
El
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cumpliendo con el mandato que le impone el ordenamiento legal (Ley de la
Nación 20.488 y Ley CABA 466) -consistente en ejercer las funciones necesarias
para jerarquizar, estimular y velar por el libre ejercicio de la profesión y
amparar la dignidad profesional, evitando que sea vulnerada tanto en lo
colectivo como en lo individual-, reclama al Congreso de la Nación que sancione
las reformas legales necesarias para recuperar remuneraciones dignas para los
profesionales de Ciencias Económicas que actúan en la administración de
Justicia como auxiliares y como síndicos concursales.
Durante los últimos 20 años, sistemáticamente, se han ido reduciendo las
escalas remuneratorias, se ha quitado el carácter de orden público de las
escalas y se ha permitido vulnerar los mínimos. Los tiempos de los procesos se
han incrementado, demorando los momentos de regulación y de percepción de los
honorarios, sin atender no ya a su incremento sino mínimamente a protegerlos
frente a situaciones globales de inestabilidad de precios y pérdida de su poder
adquisitivo. Las tasas de retención y de liquidación anual del impuesto a las
ganancias no han modificado sus valores nominales, ocasionando un incremento
real de la presión tributaria.
La protección parcial que significaba el arancel de verificación de créditos,
de $ 50 establecido en 1995, no ha sido repotenciado, pese a haber transcurrido
15 años durante los cuales tuvo lugar un sensible reacomodamiento de precios,
llevándolo a una inmaterialidad preocupante. Especialmente desde 2002 en
adelante se han producido modificaciones legales que han incrementado el tiempo
de los procesos y las tareas y responsabilidades de los síndicos concursales,
sin la justa y correlativa modificación de sus remuneraciones. Este proceso
acaba de tener una relevante novedad en el mismo sentido con la reforma de la
Ley de Quiebras relacionada con las cooperativas de trabajo. La realidad
emergente de este proceso es que la actuación en la justicia del profesional en
Ciencias Económicas ha quedado comprometida en grado extremo, por no existir
ningún aliciente para elegir esta rama de actuación y dedicarle las
capacidades, conocimientos y tiempos que requiere, creando un daño potencial y
real a la Administración de Justicia, que es el bien mayor a proteger.
Nuestra responsabilidad institucional es advertir esta situación y haciendo uso
del derecho constitucional de reclamar a las autoridades, requerir que el
Congreso de la Nación nos dé la posibilidad de acercar nuestras ideas y
rápidamente revertir el proceso de deterioro y evitar mayores perjuicios. El
beneficio es para la Nación toda, en tanto asegurar y afianzar la Justicia
requiere de las mejores capacidades, las cuales sólo pueden lograrse a través
de remuneraciones dignas.
Fuente: http://www.consejo.org.ar
http://impuestos.iprofesional.com
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